Tras nueve horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma laboral que garantiza la libertad y la democracia sindical y sus trabajadores, pero deja fuera al outsourcing que dividió a los aliados del Morena, al PT y PES que protestaron y exigieron desaparecerlo. El PRI se sumó a la rendición de cuentas, la transparencia, revisión de estatutos y contenido de los contratos colectivos, la eliminación de contratos de protección y los llamados sindicatos blancos.
Desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
El dictamen fue avalado en lo general por 417 votos, 29 en contra y 1 abstención; en lo particular 258 a favor, 67 en contra y 18 abstenciones. El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Las leyes que fueron modificadas son: Federal del Trabajo; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Federal de la Defensoría Pública; del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y la del Seguro Social. Todas ellas tienen que ver con la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
Durante la discusión de los artículos reservados de reforma, se aprobó la modificación del diputado panista, Justino Eugenio Arriaga que propuso que los descuentos al salario de los trabajadores por concepto de cuotas sindicales no se realicen si el trabajador no lo desea y lo manifiesta por escrito; por el contrario, la mayoría que ostenta Morena en el Congreso rechazó la reserva del diputado panista Jorge Arturo Espadas, con la que simpatizaba la iniciativa privada, para que los trabajadores decidan si se adhieren o no a un sindicato, lo cual los obligará unirse a un gremio forzosamente.
Al diputado panista Miguel Alonso Riggs también el Pleno avaló su reserva en torno al artículo 343-E que contempla la multa de 5 mil veces la Unidad de medida y Actualización vigente, cuando por omisión se produzca un riesgo de trabajo, que provoque la muerte del trabajador, en los casos de responsables y encargados directores de operación y supervisión de trabajos y desarrollos mineros.
Así también el Pleno admitió la reserva del diputado morenista Rubén Cayetano García, para que los tribunales especializados en materia laboral “no puedan revocar sus propias resoluciones salvo aquellas que se combatan a través del Recurso de Reconsideración que contempla la ley en la materia.
El dictamen en lo general fue avalado por 417 votos, 29 en contra y 1 abstención; la Mesa Directiva informó de 104 reservas en lo particular.
El PRI se sumó a la rendición de cuentas, la transparencia, revisión de estatutos y contenido de los contratos colectivos, la eliminación de contratos de protección y los llamados sindicatos blancos.
El PAN reclamó estar de “rodillas’’ ante el Gobierno de Estados Unidos con el T-MEC, al considerar que faltó tiempo para su análisis y discusión de una reforma “tan avanzada’’, que al final queda corta.
Los legisladores del Partido del Trabajo, con su coordinador Reginaldo Sandoval Flores, subieron a la tribuna en bloque y con pancartas en mano se pronunciaron contra el outsourcing y la subcontratación.
No al outsourcing, No a la subcontratación, basta de sindicatos charros.
Desde la tribuna, los diputados del PT denunciaron que la reforma, que responde a compromisos y obligaciones con la Organización Internacional del Trabajo y el T-MEC, “es insuficiente para la justicia laboral’’.
Plantearon que las dirigencias sindicales tengan un máximo de duración de seis años para que los líderes no se “perpetúen en los cargos sindicales’’.
El coordinador de Morena, Mario Delegado Carrillo, destacó que con esta reforma “enterramos al charrismo sindical”, se establecerá un modelo real de justicia laboral, desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se establecerá la democracia en la elección de las dirigencias sindicales a través del voto libre, secreto y directo.
“Se acaban los contratos de protección, porque ahora los sindicatos van a tener que someter a votación a todos sus agremiados los contratos colectivos de trabajo”.
La diputada Anita Sánchez Castro se refirió a la transición de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial aunado a la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Mientras que el priista Isaías González Cuevas dijo que no se puede obligar a nadie a ser parte de un sindicato, federación o confederación; “los tiempos han cambiado y esta es una realidad que tenemos que entenderla, aceptarla, enaltecerla’’.
“La rendición de cuentas, transparentar el contenido de los estatutos y reglamento interior de trabajo, así como el contenido de los contratos colectivos de trabajo’’.
También apoyó garantizar la eliminación de los contratos de protección y los llamados sindicatos blancos. “No podemos estar en contra de tales principios y no podemos objetar la libertad sindical y mucho menos la democracia de las organizaciones sindicales. Estamos por la democracia sindical, la rendición de cuentas, la transparencia y la libertad sindical”.
Los panistas Arturo Espadas Galván y Lenin Pérez Rivera explicaron que siempre han pugnado por el voto libre, secreto y personal de los agremiados, de rendir cuentas de sus cuotas sindicales, de que tengan la libertad de afiliarse a un sindicato u otro, o no afiliarse, y de que, esto no sea motivo para perder un trabajo o para no poder ingresar a un trabajo.
“¿En que presenta avances? En voto libre, personal y secreto de los agremiados en muchos temas, como en la elección de las dirigencias. ¿En qué le duele? En que no le da la posibilidad, por ejemplo, a los trabajadores de decidir que se cancele una huelga y que llegue cualquier sindicato y me cierre mi empresa, como estamos viendo y empiecen a extorsionar al patrón sin que los trabajadores que están en la planta puedan hacer algo’’.
“El gran riesgo que se corre es que desde el gobierno se impulsen sindicatos como alguna central internacional de un Senador, se me ocurre. Un hecho irreal que vengan a representar un sindicato minero a trabajadores que tienen que ver con la industria de la construcción o la industria automotriz’’.
Estamos planteando un esquema de que no sea un plazo mayor a los 15 años para que pueda haber un dirigente al frente de un sindicato y que ese proceso también tenga la posibilidad de la alternancia con la dirigente de mujeres, plantearon los panistas.
